De vez en cuando se lleva uno la sorpresa cuando menos se lo espera. Hace unos días coincidí con un amigo y compañero después de una de esas partidas de golf en la que, visto el pobre resultado conseguido tras más de cien bastonazos a la bolita, terminé desanimado, desalentado, abatido, descorazonado y, por si fuera poco, reventado.
Pero charlando con mi compañero delante de la cerveza postpartido, en tertulia que por una vez no fue conmigo solo, me comentó algo sorprendente.
Resulta que hace unos meses he tenido un pleito en el que un paciente demandó a un miembro del personal sanitario a quien no voy a nombrar (no se esfuerce en averiguar quién fue porque con los datos que voy a dar le va a resultar imposible localizarlo).
La demanda que contestamos se basaba en un informe pericial aparentemente muy bien documentado, y se reclamaba una fuerte cantidad de dinero. Tras toda la tramitación se llegó a dictar sentencia que desestimaba la demanda e imponía las costas a la parte actora. Interpuesto de contrario recurso de apelación, fue desestimado imponiéndose nuevamente las costas al apelante.
Hasta aquí, todo es normal. Lo sorprendente, que es lo que me comentó mi compañero, es que el Colegio de Abogados le había designado por el orden de turno de oficio para que, a nombre del mismo paciente, interpusiera una demanda contra el abogado que le había defendido y contra el médico perito que había emitido el dictamen en el que se había basado la demanda, pues con la imposición de costas de que había sido objeto había quedado casi en la ruina.
De todo ello extraemos dos consecuencias. La primera es que los médicos que resultan demandados de forma injustificada ven como la cosa puede no salirle gratis a quien los lleva al Juzgado, lo que no deja de ser una satisfacción. La segunda es que quien se presta a actuar como perito en contra de un médico debe andarse con cuidado pues puede verse también respondiendo ante un juez de su conducta si su informe resultó ser un fiasco.
Y la semana que viene, más.
Miguel Fernández-Melero Enríquez
Asesor Jurídico del Colegio