Enrique Ramos León. Vocal del COMCADIZ y representante autonómico de Médicos de Administraciones Públicas diferentes al SAS del CACM
La Sanidad Penitenciaria lleva años siendo discriminada. La población reclusa, unos 65.000 en toda España, se encuentra privada de libertad pero sigue manteniendo todos los derechos en la asistencia sanitaria que la Constitución le otorga.
El Ministerio del Interior es quien tiene las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria. Los recursos que emplea son insuficientes puesto que solo cuenta con personal médico y de enfermería que llevan a cabo la asistencia primaria. Cuando un recluso enfermo necesita los cuidados de un especialista o de alguna prueba especial, son las Comunidades Autónomas las que utilizan sus Servicios de Salud para atenderlos.
Por ello en 2003 la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario definió en su disposición adicional sexta que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, dándoles un plazo de 18 meses para su realización. Solo el País Vasco ha asumido las competencias, además de Cataluña, que tiene transferido todo el sistema de prisiones.
En el resto de comunidades, al no haber sido transferidas las competencias, se articulaban unos convenios bilaterales mediante los que se abonaban las cantidades que las Comunidades Autónomas facturaban al Ministerio por la prestación de la asistencia especializada. A partir del 2014 el Ministerio dejó de suscribir estos convenios. Cuando Andalucía reclamó el pago, el Ministerio se negó al no estar vigente el acuerdo, por lo que para cobrar los servicios del 2014 y 2015 la Consejería de Salud debía facturar una a una cada atención médica realizada por recluso, tarea que resultaba imposible, por lo que se originó una deuda de más de 4.6042.611 euros.
En 2014 aparecieron los nuevos y carísimos medicamentos contra la hepatitis C, lo cual constituyó un nuevo enfrentamiento entre Ministerio y CCAA. Se estima en unos 13.000 afectados por este virus en España. Al no existir estos convenios, las Comunidades Autónomas continuaron ofreciendo sus servicios, que tenían que cobrar a veces recurriendo a los tribunales. En la mayoría de las ocasiones estos dieron la razón a las CCAA por lo que el Ministerio reinició las conversaciones para llevar a cabo las transferencias, las cuales nunca vieron la luz, echándose las culpas los unos a los otros sobre la falta de interés.
En la actualidad aún no se ha solucionado el problema. Todos los partidos políticos coinciden, en teoría, en que las competencias de la sanidad de los presos deben estar en manos de los gobiernos regionales y así lo manifestaron el pasado 28 de octubre en el Senado, donde se aprobó por unanimidad una propuesta de Unidos Podemos en este sentido.
En noviembre todos los partidos votaron de nuevo a favor de este traspaso en la Comisión de Interior del Congreso.
En Andalucía el Parlamento ha aprobado por unanimidad un proyecto no de ley del PSOE con tres enmiendas de los distintos grupos en referencia a las transferencias y al pago de la deuda generada.
El nuevo Ministro de Interior ha manifestado públicamente que son las CCAA las que no quieren saber nada de las transferencias. En este sentido, desde la Consejería de Andalucía se ha enviado una carta al Ministerio interesándose por renovar las reuniones hace un mes. A día de hoy el Ministerio ha contestado sin proponer ninguna fecha por lo que estamos a la espera.
Los pasados días 13 y 14 de diciembre el Grupo de Trabajo sobre Sanidad Penitenciaria en Andalucía realizó una ronda de encuentros con representantes de la Consejería de Salud y de los grupos parlamentarios andaluces de cara a lograr compromisos para un avance definitivo en el logro de las transferencias sanitarias.
Este grupo está formado por la vocal del Colegio de Médicos de Cáceres y representante del grupo de la OMC sobre sanidad penitenciaria, Carmen Hoyos Peña; el secretario nacional del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, José Veiras Vicente; la secretaria autonómica de este sindicato, la representante de la asociación pro derechos humanos de Andalucía, Marian Pérez Bernal; la representante de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Inmaculada Faraco Atienzar, y el vocal autonómico de Otras Administraciones Públicas del Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM), Luis Enrique Ramos León.
Reunión con la Consejería de Salud
El 13 de diciembre nos recibieron en la Consejería de Salud el Director General de Asistencia Sanitaria, Juan Tomas García Martínez, y el Subdirector de Planificación, Carlos Antonio Gómez Hernández.
Nos aseguraron que la asistencia sanitaria en Andalucía está garantizada independientemente del pago de la deuda que se va a reclamar. La Consejería se mostró dispuesta a hablar con el Ministerio y solicitar un nuevo convenio pues aunque se negocien las transferencias la negociación tardaría mucho. Se pediría un presupuesto común para todas las CCAA con un precio justo por preso para que no haya mercadeo.
Se estudiarían los problemas de que adolecen los centros penitenciarios: comunicación informática con el resto del SAS para compartir historias clínicas o dispensación de medicación por farmacéuticos así como las condiciones laborales del personal sanitario en cuanto a sus inferiores retribuciones y participación en convenios laborales.
Reunión con Ciudadanos
Nos recibió el mismo día 13 la diputada de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz Mª Isabel Albás Vives. Se le explicó la problemática, ante la que se mostró completamente de acuerdo y nos ofreció la disposición de su grupo político a presentar las iniciativas oportunas para que se ultimen las transferencias. Nos dijo que en enero no hay actividad parlamentaria pero que en febrero retomaría este tema y nos mantendrían informados.
Reunión con el PSOE
Nos recibió el día 13 por la tarde Francisco Vargas Ramos, representante del Grupo Parlamentario Socialista. Al igual que en la Consejería, nos trasladó su interés en el convenio pero más aún en las transferencias, aunque nos remitió a la Consejería. Le transmitimos nuestro enfoque sobre los convenios y la pérdida de tiempo y el incumplimiento sistemático a que quedan reducidos, por lo que le solicitamos que ese tiempo se invierta en tramitar las transferencias.
Reunión con Podemos
Nos recibió al día siguiente Juan Antonio Gil, diputado en el Parlamento Andaluz por Podemos. Se le expuso la problemática y nos preguntó si se ha solicitado en alguna otra CCAA para tener referencias de cómo se ha realizado. Se le explicó que en Galicia, Navarra, Extremadura, Baleares, Canarias y Valencia ya se han presentado esa misma semana.
Planteó como mejor opción la de presentar un PNL en Pleno apoyado por otros grupos parlamentarios afines a la propuesta para tener más fuerza. A continuación se recabaría de la Consejería información sobre las reuniones con el Ministerio. A su vez propuso que se recoja esta iniciativa en la nueva Ley de Garantías y Sostenibilidad de la Sanidad en Andalucía, que se está tramitando actualmente, lo que a su juicio reforzaría las actuaciones ante el Ministerio para agilizar las transferencias.
Reunión con Izquierda Unida
Nos recibió el mismo día 14 su portavoz para Salud, Inmaculada Nieto. Al igual que Ciudadanos y Podemos, nos propuso incorporar las transferencias en la nueva legislación y pedir al Consejero que informe sobre el actual estado de las negociaciones.
Desde la Vocalía de Médicos de Administraciones Públicas diferentes al SAS del CACM queremos dejar claro que estamos totalmente en contra de seguir negociando convenios y apostamos por el traspaso de las transferencias por lo que os mantendremos puntualmente informados sobre las novedades que se vayan produciendo a raíz de esta ronda de contactos.
Según el ministerio, las transferencias se elevarán al Consejo Interterritorial de Salud en esta próxima primavera para agilizar el traspaso a las comunidades.
