Cruz Roja y la Organización Médica Colegial (OMC), a través de su Fundación para la Cooperación Internacional (FCOMCI), valoran muy positivamente la resolución de Naciones Unidas sobre la Protección de las Misiones Médicas pero condenan la sistemática violación del Derecho Internacional Humanitario en los conflictos armados.
Fuente: medicosypacientes.com
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el 3 de mayo del año pasado la Resolución 2286 sobre la Protección de las Misiones Médicas, promovida, entre otros, por el Estado español y siguiendo una de las prioridades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de su iniciativa ‘Asistencia de Salud en Peligro’.
Esta resolución condena enérgicamente los actos de violencia, ataques y amenazas contra los heridos y enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario dedicado exclusivamente a misiones médicas, sus medios de transporte y equipo, los hospitales y otros establecimientos sanitarios.
Además, exige que todas las partes en los conflictos armados cumplan plenamente las obligaciones dimanantes del Derecho Internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de asegurar el respeto y la protección de todo el personal sanitario y las instalaciones de salud.
“Estos actos de violencia exacerban el impacto de la guerra en las personas, generan más muertes y discapacidades, dan lugar a índices de enfermedades más altos, así como a mayor sufrimiento físico y mental, y sus consecuencias se sentirán por décadas”, expresa Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española.
“Por estos motivos, damos la enhorabuena a la Resolución 2286 porque supone una señal importante y contundente, pero el trabajo real debe hacerse en el terreno y justo acaba de comenzar”, indica Javier Senent.
Y, un año después de la citada declaración, los indicadores no pueden ser más pesimistas respecto a la protección de las misiones médicas. Se suceden los ataques contra el personal de salud en países como Afganistán, Siria o Yemen, y, lo que es peor, estos atentados se están convirtiendo en algo habitual en diferentes países en conflicto.
Así, por ejemplo, 50 personas murieron en un ataque contra un hospital de Kabul el pasado 8 de marzo (país en el que se han registrado más de 240 ataques contra instalaciones médicas en los dos últimos años); en Siria, el 60% de los centros de salud, hospitales y clínicas permanecen cerrados y se registran unas 25.000 personas heridas cada mes; y, en Yemen, desde el comienzo del conflicto en 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha registrado más de 160 ataques a hospitales, clínicas y trabajadores de salud. Queda en funcionamiento menos de la mitad de las instalaciones de salud del país. En promedio, cada día mueren 20 personas, entre hombres, mujeres y niños, muchos de ellos a causa de heridas tratables y enfermedades curables, porque los medicamentos que necesitan no están disponibles y los hospitales no funcionan.
Ahora, Yemen, Siria y Afganistán son contextos bastante mediáticos, pero solo nos enteramos de unos pocos de los ataques sufridos a diario en esos países por la misión médica. Además, hay muchas manifestaciones de violencia que son menos visibles que el bombardeo de un hospital: secuestros, amenazas y agresiones físicas contra profesionales en Nigeria, robo de medicamentos y material de las instalaciones de salud en Sudan del Sur, obstrucción de las ambulancias en Gaza y Ucrania.
Por estas razones, a un año de la Resolución 2286, la Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial de España y Cruz Roja Española condenan la impunidad contra la sistemática violación del Derecho Internacional Humanitario y vuelven a renovar su llamamiento a la comunidad internacional para que los Estados Miembros de la ONU reafirmen, con soluciones concretas, su inquebrantable determinación de acabar con la violencia contra la asistencia de salud.
“Los profesionales sanitarios de los países en zonas de conflicto armado y/o violencia, y nuestros cooperantes humanitarios desplazados a estas zonas, deben saber que la comunidad médica no cesará en su propósito de poner en la agenda de los Gobiernos la defensa y protección del Derecho Internacional Humanitario”, resalta el Dr. Serafín Romero, presidente de la FCOMCI y de la Organización Médica Colegial de España.
“De no tomar medidas al respecto; si no somos capaces de hacer respetar el DIH, la presencia de personal humanitario y, por ende, la atención sanitaria, no podrá ser garantizada en estos escenarios; entonces habremos fracasado estrepitosamente a la hora de atender a la población civil y defender los derechos humanos fundamentales”, concluye el Dr. Serafín Romero.
“Hay muchas soluciones prácticas que se tienen que aplicar ya. Por ejemplo, respetar el derecho internacional humanitario (DIH); alinear la legislación local al DIH; entrenar al personal militar; apoyar a las organizaciones sanitarias locales; mejorar la protección legal para los pacientes, personal sanitario, emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; o transferir armas sólo bajo la garantía del respeto del DIH y del personal médico”, indica el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent.
Los Estados tienen la responsabilidad moral y jurídica de actuar y proteger a las personas atrapadas en conflictos. Hay y debe haber un lugar para la humanidad, aun en tiempo de guerra. Las guerras sin límite son guerras sin fin.
Proyecto ‘Asistencia de Salud en Peligro’
http://healthcareindanger.org/es/
