En el año 2014 recibí la llamada de un grupo de médicos del Campo de Gibraltar, que habían sido citados para prestar declaración como imputados en el cuartel de la Guardia Civil de Tarifa. El problema consistía en que unos ochenta colegiados habían recibido alguna remuneración por expedir certificados de defunción, y estaban siendo todos ellos acusados por la Guardia Civil del delito de cohecho, que está castigado en el artículo 420 del Código Penal con penas de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público de cinco a nueve años.
Durante varios días nos estuvimos desplazando a Tarifa para asistir a los colegiados en sus declaraciones. Cuando terminaron, el atestado pasó al Juzgado de Instrucción de Algeciras nº 4, donde se instruyeron las correspondientes Diligencias Previas, en las que nos personamos en defensa de los colegiados.
Por el Juzgado de Instrucción se realizó la correspondiente investigación, admitiendo la Juez las explicaciones que se le dieron y, en consecuencia, dictó Auto de Archivo definitivo, lo que se produjo en octubre de 2015.
En aquella fecha llamé por teléfono a varios de los médicos a los que había defendido, a fin de notificarles que el asunto estaba terminado, con el encargo de que lo pusieran en conocimiento de todos sus demás compañeros implicados.
Ya me había olvidado del asunto. Pero es que ahora he recibido la llamada de una colegiada preguntándome por el tema. Por lo visto no se había enterado del resultado del asunto, lo que me hace sospechar que quizás haya algún otro médico de la zona del Campo de Gibraltar que no sepa que ya la Guardia Civil no lo está persiguiendo.
Como no tengo medio de saber quién lo sabe y quién no se ha enterado todavía, por este sistema que ofrece Medicina Gaditana lo digo en público para general conocimiento y correspondientes efectos.
Y la semana que viene, más.
