El Dr. Gaspar Garrote, miembro del Observatorio Nacional de Agresiones y secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz, considera que la puesta en marcha de la figura del Interlocutor Policial Sanitarios “aporta una seguridad y confianza innegables para los profesionales”, según explica en esta entrevista con motivo del Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios, que se celebrará el próximo 15 de marzo
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La principal novedad de este año es la puesta en marcha de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, ¿qué supone esta iniciativa?
Es un paso muy importante que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado colaboren en la erradicación de las agresiones y da credibilidad y contundencia a todo el trabajo que hacemos desde el Observatorio. Las agresiones son una lacra en la que, además de las medidas preventivas, legales o judiciales, se hacen necesarias medidas policiales de investigación y estudio de campo.
¿Cómo actúa el interlocutor ante un caso de agresión?
Como actúa ante cualquier delito. Abre la oportuna investigación, recaba información para ponerla en conocimiento de la Fiscalía y/o la autoridad judicial. La comunicación con el Colegio de Médicos se retroalimenta, lo que mejora el seguimiento de los casos.
¿De qué manera beneficia al profesional?
El beneficio es innegable desde el punto de vista de la seguridad y confianza. Por otro lado, el hecho de que tanto Policía Nacional como Guardia Civil conozcan el medio y la etiología de las agresiones a sanitarios, contribuirá indudablemente a disminuir éstas y a mejorar la percepción de tranquilidad en el medio laboral. Hay que recordar que ante este tipo de situaciones hay que exigir tolerancia cero.
La presencia del interlocutor, ¿puede mejorar la coordinación entre la Administración sanitaria y los Colegios de Médicos en este asunto?
Será deseable que así ocurra.
¿Cuál es la situación en su colegio? ¿Qué medidas se han implementado?
En Cádiz concretamente, tras reunirnos con el Consejo Médico Andaluz y el Delegado del Gobierno en Andalucía, lo hicimos con el Subdelegado del Gobierno en Cádiz y los Interlocutores policiales de la provincia.
A partir de entonces, Policía Nacional y Guardia Civil nos han comunicado las áreas de actuación de cada cuerpo policial y los responsables policiales en cada una de ellas, con nombre y apellidos y teléfonos de contacto.
Han elaborado un trabajo de campo sobre hospitales, centros de salud y áreas de Urgencias e intentan ahora catalogarlos por su siniestralidad.
Del mismo modo, nos comunicaron la puesta en marcha de acciones concretas preventivas, como patrullas periódicas por determinadas zonas. La comunicación entre la Secretaría y la Asesoría Jurídica del Colegio con ellos son fluidas.
¿Qué ha supuesto que el médico de la sanidad pública sea considerado autoridad y, por tanto, que las agresiones sean penadas en base a ello?
Un avance muy importante, pero la legislación actual dejó muchas tipificaciones en el “saco” de las faltas, algo que deberá valorarse adecuadamente e intentar corregir.
El hecho de que también se considere autoridad al facultativo en el ejercicio de la medicina privada, sigue siendo un reto. ¿Qué pasos hay que dar para conseguirlo?
En mi opinión es fundamental que el “acto médico” en sí, sea considerado como el objetivo de la agresión.
Este desempeño es idéntico en el ejercicio de la Medicina, sea cual sea el ámbito. No se puede explicar de ninguna forma, que una agresión a un médico por la mañana en el hospital sea ‘atentado a la autoridad’ y ese mismo acto por la tarde, en su consulta privada, no lo sea.
¿Cuáles son las próximas medidas que el Observatorio pretende llevar a cabo para atajar las agresiones?
Como dice el coordinador del Observatorio, Dr Becerra, “seguimos trabajando”. Mientras haya una sola agresión, el tiempo y acciones que dediquemos estará más que justificado.
Tanto desde el punto de vista legal, judicial, preventivo y policial quedan muchas cosas aún por hacer, como la equiparación de la agresión en el ámbito privado y público, la implementación de medidas de seguridad complementarias, más cursos de formación y concienciación social.
¿Hay que mejorar la seguridad en los centros?
Por supuesto, pero también la tarea de formar e informar a nuestros compañeros mediante cursos de manejo ante las agresiones o animando a denunciar toda agresión.
Hay que exigir a las autoridades que vuelquen su atención en la prevención y actuación precoz apoyando al agredido y realizar campañas para sensibilizar a la opinión pública al respecto.
¿Cuál es la mejor manera de prevenir las agresiones?
Hay que educar. Si prevenir es curar, educar será erradicar. También debemos informar a la sociedad de este sinsentido, en el que alguien que precisa ayuda, termine agrediendo al que se la presta. Además, no hay que olvidar el efecto ejemplarizante de las penas, que deben ser contundentes.
