El Colegio de Médicos manifestaba públicamente su consternación y repulsa ante la agresión sufrida el pasado jueves 23 de mayo por dos médicos residentes en el servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Mar. Desde el COMCADIZ se insiste en la necesidad de seguir avanzando en la prevención y protección de los profesionales de la salud a la vez que se potencian los mecanismos en los centros que eviten situaciones de indefensión entre quienes velan por la salud de la población y, paradójicamente, se ven expuestos a episodios de violencia en el ejercicio de su profesión, hechos que lejos de remitir siguen lamentablemente en progresión creciente.
El Colegio recuerda que el pasado año aumentaron un 46% los episodios violentos comunicados por los médicos de la provincia hasta un total de 45 casos de agresión física o verbal a colegiados en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes y familiares o acompañantes de pacientes. Asimismo el Colegio de Médicos hace hincapié una vez más en la trascendencia de que los colegiados conozcan y apliquen el protocolo de agresiones que el COMCADIZ mantiene actualizado y al mismo tiempo sobre la necesidad de que, de consumarse la agresión física o verbal, el profesional lo denuncie inmediatamente a su Colegio Profesional.
El COMCADIZ quiere poner de relieve que actualmente está plenamente operativo el Interlocutor Policial Territorial Sanitario en la provincia, destinado a proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) un plan de actuación y mecanismos para la prevención, el seguimiento y una acción homogénea y conjunta con los Colegios de Médicos que permitan aumentar la seguridad del profesional médico frente a agresiones en su centro sanitario.
Esta misma semana el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha dado a conocer al Defensor del Pueblo Andaluz la situación actual de las agresiones al personal sanitario con el objetivo de buscar apoyos en contra de esta lacra. Desde los Colegios Médicos andaluces se ha solicitado al Defensor que la relación médico-paciente sea considerada un bien jurídico protegido, con independencia de dónde se realice, ya sea en ámbito público o privado, se agraven las penas y se promulgue una ley que reconozca la autoridad pública de los médicos en ejercicio de sus funciones, como ya existe en otras comunidades autónomas.
