El 11 de marzo de 2009 la Dra. María Eugenia Moreno era asesinada cuando pasaba consulta en su centro de la localidad murciana de Moratalla. Desde ese momento la Organización Médica Colegial (OMC) y los 52 Colegios de Médicos pusieron en marcha el Observatorio de Agresiones con el fin de conocer las cifras reales, proteger a los profesionales, garantizar la calidad asistencial y trabajar en la prevención de este tipo de violencia.
Ya en esa primera fase ofrecía asesoramiento clínico y legal a través de documentos y servicios jurídicos de los Colegios Médicos provinciales y se dirigía a las distintas Administraciones para exigir medidas de protección a los profesionales y, en consecuencia, de mejora en la calidad asistencial del sistema sanitario.
Así lo explicó el vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Dr. Tomás Cobo, durante su participó en un encuentro organizado en Madrid por el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Española, Ministerio de Asuntos Exteriores y el CGCOM sobre violencia contra la atención a la salud. Entre las distintas acciones que el Observatorio ha puesto en marcha desde entonces con el fin de situar esta problemática en la agenda pública y política, entre las que destaca la creación de un Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios para dar a conocer datos y avances, los acuerdos y encuentros mantenidos con los ministros de Justicia, Interior y Sanidad, el Defensor del Pueblo y, especialmente, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En este último punto se han producido dos grandes avances en la lucha contra la violencia a sanitarios, como son la reforma del Código Penal y la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario.
Respecto a la reforma legal, el 1 de julio de 2015 entraba en vigor la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad. El Observatorio sigue trabajando para lograr que esta situación se traslade también al sector privado.
La puesta en marcha de la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud, recoge la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, como punto de inflexión para garantizar una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas, detectar puntos negros y asesorar para que se adopten las medidas adecuadas que reduzcan las agresiones.
Desde su creación y hasta 2018 el Observatorio ha registrado en torno a las 4.000 agresiones, unas cifras alarmantes que solo representan la punta del iceberg.
De nuevo la implicación de las Administraciones y agentes sociales resulta esencial para combatir esta violencia y, en este sentido, desde la OMC se ha reclamado un Plan Nacional para hacer frente, en palabras del Dr. Cobo, “a esta lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre médico-paciente y demás profesionales sanitarios, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben los propios pacientes”.
