El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), órgano de representación de la profesión médica en Andalucía, que agrupa a más de 49.000 médicos habilitados para ejercer en la comunidad y es responsable de la ordenación de la profesión, y del que forma parte el Colegio de Médicos de Cádiz, rechaza el Anteproyecto de Estatuto Marco propuesto por la ministra de Sanidad del Gobierno y exige al Ejecutivo central un mayor respeto hacia la profesión médica.
Desatender el hecho de que los médicos son los pilares fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, y que constituyen la base de la sanidad, es un grave error. Esto es precisamente lo que, según los médicos andaluces, plantea el anteproyecto de Estatuto Marco que propone la ministra de Sanidad.
Los médicos exigen ser tratados con el respeto y la consideración que merecen para poder seguir defendiendo los derechos fundamentales de los pacientes, como son la protección de su salud, su integridad y su vida. Sin embargo, este proyecto de norma amenaza la libertad y el desarrollo profesional de los médicos en varios aspectos:
- Reducción del grupo de calificación profesional: En lugar de reconocer a los médicos como grupo A1 Plus, tal como se había solicitado, se les niega su reconocimiento como los principales responsables de los procesos asistenciales, incluyendo diagnóstico, tratamiento, pronóstico, prevención, rehabilitación y la información asistencial. Este planteamiento desmerece la formación, competencia y responsabilidad que requiere la profesión.
- Medidas antisociales y contrarias a los derechos laborales: El anteproyecto incluye propuestas como no reconocer las horas de guardia trabajadas a efectos de jubilación, eliminar las horas de descanso reconocidas al resto de los trabajadores, ignorar los límites establecidos por los derechos fundamentales relativos a la salud y la prevención de riesgos laborales, y restringir el derecho a la reducción de jornada. Estas medidas son incompatibles con los principios de un gobierno democrático y con los valores sociales que deben orientar cualquier política pública.
- Restricción de la libertad de los médicos al finalizar su especialización/formación MIR: La obligatoriedad de permanencia impuesta por el anteproyecto restringe la libertad de desarrollo profesional, impidiendo la flexibilidad necesaria para ofrecer condiciones más atractivas y estables que favorezcan la retención de estos médicos, tal como venimos demandando desde hace años.
- Restricción de la libertad profesional de los jefes de servicio y de sección: Estos profesionales, que ya asumen una gran carga de responsabilidad en la gestión y organización de los servicios, ven reducida su capacidad de ejercicio profesional. Cabe recordar que la compatibilidad voluntaria entre el ejercicio profesional en el ámbito público y privado enriquece el sistema sanitario al aumentar la disponibilidad de médicos, lo que ayuda a reducir las listas de espera y evitar el colapso del sistema. Además, potencia la experiencia y la práctica asistencial, lo cual beneficia a los pacientes y a la sanidad en general.
Finalmente, recordamos al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a la ministra que todos somos pacientes en algún momento de nuestras vidas. Cuando enfermamos, necesitamos y queremos ser atendidos por médicos. Este principio, que representa uno de los mayores avances en la evolución de los derechos humanos y la sociedad, debe ser protegido y no atacado por quienes tienen la responsabilidad de gestionar la política sanitaria. Por ello, solicitamos un ejercicio de responsabilidad y nos ponemos a disposición de la administración para colaborar en el avance de un sistema sanitario mejor, que estamos convencidos es el objetivo común.
