Dr. Enrique Villanueva. Presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial.
Artículo publicado en el diario Ideal de Granada y reproducido por www.medicosypacientes.com
Los niños son los seres más frágiles sobre la tierra. Son muchos los años que un cachorro humano precisa para ser autónomo. Los avances de la medicina no han conseguido acortar este periodo, antes al contrario, han puesto en el mundo criaturas aún más frágiles, que en otro tiempo estaban destinadas a morir prematuramente. Los riesgos que amenazan a estos seres indefensos son ya lo bastante graves como para que los que tienen el máximo deber de protegerlos, los padres, añadan gratuita o absurdamente otros peligros, como la difteria, que ya habían quedado olvidados. Los movimientos antivacunas, cuyas razones no voy a comentar, están exponiendo, no sólo a ellos y a su familias, sino también al resto de la sociedad a un riesgo real y evitable. Hay cosas que la población debe saber: ninguna enfermedad está realmente erradicada (solo oficialmente la viruela) y bastará con que se levante la guardia, creando una población desprotegida inmunológicamente, para que aparezcan nuevos casos. El hecho de que no haya casos de difteria, de poliomielitis, de tosferina o sarampión, no quiere decir que no puedan darse en cualquier momento. La bacteria o el virus están ahí, agazapados, esperando encontrar un huésped indefenso para atacarlo. Gracias a las vacunas, el mejor y más beneficioso invento de la medicina en todos los siglos, la humanidad ha levantado un muro defensor inexpugnable, que ahora se pretende derribar con argumentos falaces, carentes del más mínimo fundamento científico. Cuando las bacterias o virus encuentran una persona inmunológicamente deprimida se produce inexorablemente la enfermedad. Por eso tiene tanta importancia el crear una sociedad refractaria al contagio, donde no haya personas susceptibles de ser infectadas y por tanto de padecer la enfermedad y trasmitir el contagio, aunque la bacteria o el virus convivan con nosotros.
Así se ha conseguido erradicar la viruela y estábamos a punto de erradicar otras enfermedades, entre ellas la difteria. Ese es el papel de las vacunas y por eso nuestra deuda de gratitud debe ser grande, porque han creado en torno a cada una de las personas inmunizadas una coraza protectora insalvable para los agresores. Hoy (este artículo fue publicado el pasado 5 de julio), finalmente y después de una lucha titánica, del propio niño y de los médicos, el pequeño de Olot, infectado por difteria, ha muerto. Hace unos meses me consultaron un caso de un recién nacido con 20 días que murió de tosferina maligna, probablemente contagiado por un hermano. En ambos casos se hizo el diagnóstico, un hecho digno de resaltar, pues seguramente ninguno de los dos médicos que hicieron los diagnósticos había visto ni una difteria ni una tosferina maligna en su vida. En un tratado reciente de Pediatría del eminente granadino, catedrático de Barcelona, Profesor Cruz Hernández, se escribe: “la difteria enfermedad infecciosa aguda ocasionada por el Corynebacteun Diphteriae, en España, como en la mayoría de los países de sanidad avanzada, ha sido eliminada prácticamente gracias a la vacunación sistemática. Sin embargo, persiste en determinadas zonas en las que hay una abundante población no vacunada o mal vacunada”. Esa población no está en tierras lejanas, hoy puede estar en nuestro barrio o en el colegio de nuestros hijos. En una mesa redonda celebrada este año en la Real Academia de Medicina sobre este tema, yo planteaba dos cuestiones: 1. ¿por qué no se decreta la obligatoriedad de las vacunas? 2. ¿la patria potestad puede ir tan lejos, que ponga en riesgo la vida de una persona que en ese momento no puede expresar su voluntad como es un niño, recién nacido a de meses?
El hecho de que el gobierno no declare su obligatoriedad alienta el razonamiento del movimiento antivacuna: ¡si no se declara obligatoria será por algo! No todas las vacunas son iguales, no todas tienen la misma eficacia y no en todas el riesgo-beneficio es tan claro, pero en el calendario vacunal sí que hay unas vacunas que no admiten dudas y la polémica generada contra ellas no tiene ningún fundamento científico. Entre esas vacunas se encuentra la triple-difteria, tosferina, tétanos- y la de Poliomielitis, que son 100% eficaces y nos protegen de por vida, (cuando se hacen las revacunaciones necesarias) de enfermedades mortales sin prácticamente riesgos.
En otra época los certificados de vacunación eran obligatorios para asistir a centros en los que hubiese una posible población vulnerable: colegios, ejército, empresas. No es este un artículo sobre vacunas, sino una llamada a la responsabilidad de gobernantes, padres y médicos. La ley de autonomía del paciente del paciente (Ley 41/2002) ha consagrado el derecho de toda persona a decidir sobre su salud, a tomar la dirección de todos los actos sanitarios que se realicen sobre su cuerpo, así como concederle que sea él el único que sepa realmente lo que puede ser lo mejor para sí mismo. ¡Paciente cúrate a ti mismo! Ello ha supuesto cambiar el paradigma que reguló la relación médico paciente durante 20 siglos, en los cuales fueron los médicos los que decidieron lo mejor para el enfermo, en virtud de que en aquel tipo de ejercicio médico más directo y personal sabían lo que era realmente lo mejor para sus enfermos: el llamado principio de beneficencia. Pero todo los derecho, sin excepción, tienen sus límites y la capacidad de decidir de las personas también los tienen. Podemos negarnos a recibir tratamientos, pero nuestro derecho de autonomía concluye cuanto entra en conflicto con los derechos de otro. Así la Ley 41/202 tiene una excepción y es que el consentimiento no será relevante cuando de no intervenir sanitariamente se pueda generar un problema de salud pública o daños a terceros. Este es el caso del pequeño Pau. Los padres no pueden garantizar que sus hijos, al no estar vacunados, generen un riesgo para otros niños y para sí. Las medidas que tendría que tomar para conseguirlo supondrían la privación de todos los derechos del niño. La otra excepción a la ley es que el paciente no pueda dar un consentimiento válido, caso de menores o incapaces y entonces, las personas que se encontrasen en la posición legal de garantes los llamados a proteger a una persona desamparada y en riego como fiscales, jueces y médicos, son los que tendrían que intervenir.
En la jurisprudencia española hay casos en los que los padres han sido condenados, dejando aparte los malos tratos, por desamparo del menor o exponerlo a un riesgo innecesario: delitos imprudentes. Todos los problema relativos al consentimiento de menores, máxime en aquellos menores de 12 años, generan muchos problemas, no sólo legales, sino sociales y humanos. Yo creo que los padres de Pau, de 6 años de edad, creían de buena fe lo que el movimiento antivacunas les había dicho, posiblemente que ya no hay que correr ningún riesgo con las vacunas porque estas no son necesarias ya que no hay riesgo de contagio, seguramente les dirían que eso son patrañas de médicos y compañías farmacéuticas para vender vacunas, incluso es posible que cumplieran con lo que su obligación legal, como tutores, les manda la ley, pero la sociedad y en este caso los poderes públicos no pueden permitir que unos padres se equivoquen de buena fe y otros equivoquen a la sociedad, ahora, sin buena fe. Urge hacer obligatoria la vacunación en determinados casos, aunque con ello se conculquen algunos derechos constitucionales, siempre que se haga con mesura y proporcionalidad. Como dice Unamuno: La opinión de una multitud es siempre más creíble que la de una minoría. La opinión de la OMS merece más crédito que el movimiento antivacunas.
