El Ministerio del Interior ha aprobado el protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, que tiene por objeto establecer un procedimiento de actuación común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud.
La decisión de poner en marcha este protocolo surgió a raíz de la reunión que el Ministerio del Interior mantuvo en marzo con la Organización Médica Colegial (OMC) y su Observatorio Nacional de Agresiones, así como con representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios para abordar esta situación.
La Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud establecerá un marco de actuación adecuado para reforzar las labores de prevención e investigación de la comisión de ilícitos penales a profesionales sanitarios en los centros médicos o con ocasión de su labor, con la finalidad de reducir la incidencia delictiva y mejorar la sensación de seguridad del personal que trabaja en los mismos.
En los últimos años, se constata un incremento del número de actos violentos dirigidos contra profesionales de la salud, según datos del Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial (OMC), pasando de 350 a 500 agresiones, tendencia al alza concordante con el informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad correspondiente al 2014.
Estos principalmente se concentran principalmente en el sector de la Atención Primaria y consisten en lesiones, amenazas, coacciones o injurias.
Ante la entidad de la problemática que recoge el protocolo se hace necesario impulsar una nueva respuesta policial, integral y transversal desde la Secretaría de Estado, que esté constituida por una actuación coordinada, así como la adopción de nuevas medidas que refuercen las ya existentes en un marco de actuación más amplio.
Creación de la figura del ‘Interlocutor Policial Territorial Sanitario’
La comunicación fluida y regular, que es un elemento muy eficaz para la prevención, se llevará a cabo a través de la figura policial del ‘Interlocutor Policial Territorial Sanitario’, una de las medidas más novedosas del protocolo. El objetivo es fomentar el establecimiento de contactos periódicos con las organizaciones representativas para atender las preocupaciones y dificultades que se divisen en cada zona o área concreta.
Estas medidas son imprescindibles también para poder concretar el grado o nivel de riesgo de que se produzca una agresión contra un profesional sanitario, así como para determinar las medidas policiales de protección que deben ser adoptadas, siempre de manera personalizada e individual.
El protocolo permitirá responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la protección de los profesionales de la salud y su entorno, fortaleciendo la cooperación policial con las autoridades sanitarias en sus actuaciones para mejorar la seguridad en el ámbito de centros médicos, reforzando el conocimiento y confianza en los Cuerpos policiales.
Esta iniciativa articulará mecanismos e instrumentos de coordinación permanentes en todo el territorio nacional, entre los expertos policiales y las autoridades sanitarias; prevendrá, mediante el impulso de medidas preventivas destinadas a la detección y seguimiento de estas actividades delictivas, así como incrementando la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros.
También reducirá las oportunidades de comisión de hechos delictivos y mejorar nuestras capacidades, perseguirá a los sujetos activos, mejorando la capacidad de análisis y valoraciones de riesgo de agresión y responderá ante estas acciones, estableciendo cauces de coordinación y minimizando las consecuencias.
Medidas para la prevención y la investigación: formación
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollarán un catálogo de centros médicos que diferenciará los que disponen de medidas o medios de seguridad permanente, de aquellos que los poseen parcialmente o que carecen de los mismos. También clasificarán por riesgo la acción delictiva y dejarán constancia de los lugares de ubicación de cada uno de los centros médicos existentes en cada demarcación policial para su correcta integración con los planes de seguridad, entre otras medidas.
Realizarán actividades formativas dirigidas a los profesionales de la salud sobre la prevención y autoprotección haciendo también especial hincapié en las cometidas sobre dicho colectivo a través de redes sociales (usurpación de identidad, injurias, calumnias…), procurando fomentar e impulsar la interposición de denuncias por partes de los profesionales de la salud.
Además, se establecerán, anualmente, dos periodos de carácter mensual de intensificación de los servicios, en los meses de mayo y octubre. Adicionalmente, podrán ser activados, por parte de los Jefes de las demarcaciones territoriales, en función de la evolución de la criminalidad y la detección de un incremento de la incidencia de esta problemática.
Los ‘Interlocutores Policiales Territoriales Sanitarios’ serán expertos designados por las diferentes Unidades de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, tomando en consideración su propia estructura orgánica y territorial, el volumen de la actividad policial concreta en esta materia y sus singularidades. Los cuales, asumirán la responsabilidad de la coordinación, cooperación, desarrollo y ejecución de las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito territorial que les sea propio.
Estos expertos serán el punto de contacto permanente con los responsables de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades profesionales competentes.
