El Consejo Andaluz de Colegio de Médicos (CACM) ha requerido al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, el apoyo de la Junta de Andalucía para el desarrollo de la Ley de Autoridad de los Profesionales Sanitarios de Andalucía, similar a las que ya existen en las comunidades autónomas de Aragón y Extremadura. El presidente del CACM, Antonio Aguado, ha mantenido un encuentro con De Llera en la sede de la Consejería donde han analizado estas normas ya en vigor, que tienen por objeto reconocer y apoyar a los profesionales del sistema sanitario y social reforzando su autoridad y procurando la protección y el respeto de los usuarios en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Ambas entidades han mostrado el interés común y recíproco en el impulso de la mediación como instrumento para la resolución extrajudicial de conflictos.
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Dr. Gaspar Garrote: “Una agresión vulnera el acto médico en sí, sea público o privado”
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Desde el Colegio de Médicos de Cádiz, se insiste en que hay que seguir avanzando para lograr que las autoridades judiciales unifiquen criterios y tipifiquen cualquier agresión como delito de atentado. Se hace necesario además un cambio legislativo urgente para que no se establezcan diferencias ni agravios comparativos entre las agresiones que se dan en el ámbito público o privado del profesional sino que todas tengan la consideración de producirse en el ejercicio de un acto médico.
En este sentido, el Secretario General del Colegio de Médicos de Cádiz, Gaspar Garrote, miembro a su vez del Observatorio de Agresiones de la OMC, considera que “la puesta en marcha de la denominada ley de autoridad de los profesionales sanitarios es muy acertada. Se trata de un primer paso para que desde la Fiscalía General de la Junta de Andalucía y desde la Fiscalía General del Estado se pongan en marcha los mecanismos legales necesarios para resolver este problema: que en el ejercicio de la sanidad privada el médico sea también considerado como autoridad”.
“Una posible solución que se plantea desde el Observatorio Nacional de agresiones del Consejo General –explica el Dr. Gaspar Garrote-, es que el “acto médico” en sí sea el que, al ser vulnerado por una agresión, ésta se penalice al margen de si ocurre en el sistema público o en el privado. Felicitamos al Dr. Aguado por esta importante iniciativa del Consejo Médico Andaluz y animamos a seguir en esa línea en defensa de los médicos”
