Se ha publicado en todos los medios de comunicación algo que hacía tiempo debería haberse hecho público, alto y claro. La Defensora del Pueblo ha presentado un severo informe que evidencia las carencias de los servicios sanitarios de urgencias, lo que ha supuesto un notable incremento de los índices de mortalidad. Lo ha hecho mediante el informe titulado ‘Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: derechos y garantías de los pacientes’.
La cuestión no nos resulta en absoluto novedosa. Hace años que sabemos que la presencia suficiente de profesionales no está garantizada a todas horas ni todos los días. El informe de la Defensora del Pueblo denuncia otra circunstancia conocida, y es que con frecuencia se abusa de los médicos residentes en el servicio de urgencias, afirmando que “los MIR asumen un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial”.
Y el problema que la Defensora del Pueblo ha planteado referido a los servicios de urgencias es trasladable a muchos otros servicios en los que los profesionales se encuentran con unos medios limitadísimos, lo que les impide realizar su labor en unas condiciones mínimas de competencia y calidad.
Por eso no es extraño que algunos profesionales se dirijan a la Asesoría Jurídica del Colegio poniendo de manifiesto las condiciones en las que realizan su trabajo, pues temen que cualquier día puede producirse un resultado fatal, lo que les obligaría a dar amargas explicaciones al Juez de Instrucción.
Lo que estamos haciendo en tales casos es preparar una nota, lo más detallada posible, poniendo de manifiesto las carencias que se padecen en el servicio de cada cual, dando traslado al superior inmediato por medio de escrito con sello de registro de entrada, y requiriendo respuesta del mismo.
En ocasiones se solucionan las deficiencias. En otras ocasiones, si el problema previsto llega a producirse, el médico podrá alegar que hizo todo lo que pudo por resolver la cuestión y que si no lo consiguió fue por causas ajenas a su voluntad.
Y la semana que viene, más.
Miguel Fernández-Melero Enríquez
Asesor Jurídico del Colegio
