Miguel Fernández-Melero Enríquez, Jefe Asesoría Jurídica del COMCADIZ
Hay veces que la sequía de temas con los que alimentar esta tertulia es alarmante, y otras en las que los asuntos rebosan. Ahora, después de la adversidad de Filomena, de la desgracia del Mar Menor, del desastre de la pandemia de la Covid-19, de la calamitosa entrada de miles de marroquíes por la frontera, de las tremendas riadas en toda la zona mediterránea, de la ruina del volcán de la isla de La Palma, resulta que vuelve a entra en acción Noelia de Mingo, la ex doctora de la Fundación Jiménez Díaz.
Ya casi nos habíamos olvidado de ella, pero rápidamente ha vuelto a salir a la luz que en el año 2003 acuchilló a nueve personas de las que fallecieron tres y otras varias terminaron con lesiones. Fue condenada a veinticinco años de internamiento en un recinto terapéutico, pues se tuvo en cuenta la circunstancia eximente de la responsabilidad como consecuencia de la esquizofrenia paranoide que padecía.
En el año 2017 se consideró por la Clínica Médico Forense que la enfermedad que sufría estaba en remisión. Por eso se decidió que no había razón por la que debiera continuar con la medida de seguridad impuesta, de forma que la misma volvió a su pueblo natal, donde debía ser custodiada por su madre, de 77 años de edad, con controles psiquiátricos cada 15 días.
Pero es evidente que algo falló, porque esta misma semana atacó con un cuchillo a dos personas que estaban en un supermercado, hasta que fue reducida, con evidente riesgo personal, por dos policías.
Este hecho vuelve a sacar a la palestra una vieja discusión, cual es la desaparición radical de los manicomios. La Ley General de Sanidad, en su capítulo dedicado a la Salud Mental, indica que la atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización general y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización.
La misma ley prevé que los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan la pérdida de salud en general.
Y aquí es donde está el problema. Cuando los servicios médicos deciden que el paciente continúe con revisiones y tratamientos prescritos en el momento en que se proceda a su alta hospitalaria, y se acuerda que continúe en ingreso en centro para atención y seguimiento de psicodeficientes, resulta que estos centros están hasta la bandera y no hay plazas, de forma que el paciente queda confiado a la familia que, en buena parte de los casos, se encuentra completamente sobrepasada, bien por las propias circunstancias de la familia (en el caso que comentamos, en el momento de los hechos la madre de la paciente tenía 80 años de edad) bien por la conflictividad que puede presentar el enfermo o por la negativa a acudir a revisiones o a tomar sus medicamentos.
No estoy hablando de un caso teórico sino de la traumática experiencia sufrida por un colegiado, que ha tenido que ver desde el banquillo de los acusados cómo se le pretendía hacer penalmente responsable de la acción de una persona que no estaba en condiciones de regir sus actos.
Por eso, creo que una solución imprescindible, por el bien de todos, es que prestemos más atención a la salud mental y, en consecuencia, que se deben dedicar más recursos en centros de atención y seguimiento de psicodeficientes que, por su supuesta mejoría clínica, ya no tengan que continuar en situación de reclusión.
Y la semana que viene, más.
