Jaime Aparicio Santos, Presidente de la Comisión de Deontología del COMCADIZ
Dentro de las V JORNADAS DE COLEGIOS MÉDICOS DE ANDALUCIA la Comisión de Deontología de Cádiz participó en una Mesa Redonda con el nombre genérico “Retos de la Ética Médica. Nuevo Código de Deontología” moderada por el Dr. D. Bernabé Galán, presidente del Colegio Médico de Córdoba, y en la que intervinieron el presidente de la Comisión de Deontología del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y de la del Colegio de Médicos de Granada, Dr. D. Antonio Hernández Jerez; el hasta hace unos días presidente de la Comisión Central de Deontología, Prof. Dr. D. Enrique Villanueva Cañadas, y el que suscribe, presidente de la Comisión de Deontología de este Colegio.
El tema que desarrollé fue “Retos éticos de la atención a la violencia de género en Atención Primaria”. Es, sin lugar a duda, un tema actualísimo motivado por la alta frecuencia con que se dan estos casos en los últimos tiempos. En muchas ocasiones es en Atención Primaria (Medicina de Familia o Pediatría) donde se detectan este tipo de situaciones, bien porque se producen consultas relacionadas con lesiones físicas de la victima o incluso por problemas psicológicos derivados del ambiente en que se desarrolla la vida cotidiana de la misma. No cabe duda de que el conocimiento de la situación por el Médico de Familia o el Pediatra puede representar una situación de privilegio para intentar reconducir el ambiente e intentar solucionar los problemas de convivencia familiar, con reconsideraciones, consejos o pautas de comportamiento que haga recapacitar a las partes implicadas y conseguir un cambio radical.
La atención sanitaria a las mujeres que sufren violencia de género y a los hombres que las maltratan plantea con frecuencia dilemas éticos muy específicos, sobre todo cuando nos encontramos con unos hechos consumados y conocidos por el médico, pero que la persona maltratada no quiere denunciar. En estos casos, es preciso no tomar decisiones precipitadas porque lo primero que hay que intentar es amparar a la mujer y hacer todo lo posible para que restablezca su autonomía, procurándole condiciones de seguridad suficientes y facilitar el abordaje multidisciplinar de la situación. Pero ha de tenerse en cuenta que el Médico que conoce esta situación tiene la obligación legal de denunciarla, aunque a veces se pueda tener la tentación de no hacerlo por el miedo al maltratador o a verse involucrados en juicios. La ley obliga no solo a atender a la mujer en esta situación, sino también a informar a la justicia.
Lo habitual es que el Médico de Familia lo sea tanto de la maltratada como del maltratador. Y hemos de tener en cuenta una cosa muy importante, y es que NO SOMOS JUECES, pero es una situación complicada porque puede generar un conflicto de lealtades y dificultad para manejar información recibida confidencialmente de uno y otro, e incluso puede generar sentimientos negativos hacia el maltratador. Lo ideal sería poder conseguir un cambio de actitud por parte de la pareja en cuestión, pero si no es posible se debe pensar en que debe haber un cambio de médico para uno de los dos.
Pero hay situaciones en las que quien pide ayuda es el maltratador, ya que la situación que está viviendo y en la que él es actor principal le puede originar algún desequilibrio emocional. Es una situación en la cual se puede intentar que tome conciencia de su actitud y cambie radicalmente la relación con su pareja.
No obstante, hay otras situaciones en las que el maltratador tras ser denunciado y teniendo ya dictada una orden de alejamiento acude al Centro en un momento en que también está la víctima. En esos casos se le deberá atender si presenta una situación de urgencia, pero si no hay tal circunstancia se le informa de la coincidencia para que abandone el Centro. Y si no atiende a razones, avisar a la policía. Pero puede suceder que esta situación se dé cuando el maltratador acude acompañando a alguno de los hijos comunes, en los días que le corresponde a él tenerlos según el régimen de visitas determinado por el juez. Aquí, su deber como padre entra en conflicto con la obediencia a la orden judicial. Es una situación a la que debe darse una solución que siempre tenga en cuenta la seguridad de la mujer maltratada.
Otro aspecto ético es el relacionado con el registro de la situación en la Historia Clínica, ya que es un condicionante relevante para la mujer y sus hijos, pero hay que tener en cuenta que la mujer, por esto, no es una enferma, sino que está viviendo una situación que la enferma. Es una situación asociada a un delito y que este delito se hace visible por las repercusiones que tiene sobre la salud de la mujer que lo sufre. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos para que el registro de este condicionante de salud no afecte a la seguridad de la mujer. Hay que extremar la confidencialidad, ya que dependiendo de cómo se haga puede llegar a conocimiento del maltratador y desencadenar, por sí mismo, una agresión. Hay que registrarlo con visibilidad suficiente y justificando las decisiones tomadas, pero hay que garantizar también la confidencialidad de los datos, ya que el qué, cómo y cuándo tienen implicaciones éticas, asistenciales y legales. Por eso, se debe reflexionar sobre si todos los profesionales que utilizan la historia clínica deben tener acceso a la totalidad de la información, y qué restricciones hay que establecer para proteger informaciones particularmente sensibles.
Y con respecto a los hijos, la violencia contra la madre es un condicionante de salud relevante para ellos. Aquí se añade otro problema. Y es que el padre tiene derecho a conocer la información que contiene la historia clínica de sus hijos. Se pueden dar situaciones difíciles y peligrosas.
En cuanto al registro en la historia clínica del maltratador, no se debe hacer ninguno, ya que, a menos que le condicione algún problema de salud, en las historias no se registran delitos.
Como se puede deducir es un tema importante, sobre el que hay que hacer muchas consideraciones. Se debe procurar obtener toda la información que sea posible y también ser consciente de que es una cuestión sobre la que hay que profundizar y formarse adecuadamente, así como abordarse en la próxima revisión del Código de Deontología. Todo por el bien de los pacientes y del ámbito social en que tiene lugar el ejercicio profesional.
