Diariamente recibimos un aluvión de noticias. Últimamente acapara muchas de las primeras páginas de la prensa todo lo que concierne a la jura del Donald Trump como presidente de Estados Unidos, seguido por la tragedia de la DANA de Valencia, la corrupción que no cesa, el problema del fiscal general del Estado, el de la vivienda, el asunto de Íñigo Errejón, el cambio de presidente de telefónica o el inicio, por séptima vez, del mandato del presidente del Real Madrid.
Pero a lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es la información que leo, en la prensa local, según la cual las negligencias sanitarias en España costaron la vida a 798 personas el año pasado. La comunicación, que al parecer procede de la memoria del año 2024 de la Asociación del Paciente, especifica que recibieron 14.088 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias de las que 798 fueron con resultado de muerte, lo que se considera un significativo aumento sobre las del año anterior, y que supone cifras prepandemia.
La noticia incide en que los casos más habituales son intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias, retrasos en ambulancias, error de diagnóstico y pérdida de oportunidad terapéutica.
La información periodística a la que me refiero explica que las especialidades más reclamadas son tocoginecología y cirugía plástica, estética y reparadora, señalando que cada vez es mayor el número de sentencias favorables en los que el distintivo es la demora diagnóstica y los tratamientos de cáncer tardíos.
Ignoro lo que está pasando en realidad. Pero, para tranquilidad de los colegiados de Cádiz, podemos decir que (quitando algún antiguo caso que aún colea), la experiencia personal que tenemos en nuestra provincia es que mientras aumentan las denuncias de personal sanitario por agresiones de paciente o familiares de usuarios, las denuncias y demandas por mala práctica, formuladas directamente contra los profesionales médicos, están disminuyendo significativamente en relación con años anteriores.
Y la mayor parte de las pocas que actualmente estamos recibiendo son promovidas por quienes tienen beneficio de justicia gratuita y no corren el riesgo de que les impongan las costas.
