En la prensa diaria local aparece la noticia de que se ha celebrado un juicio por delito leve en un juzgado de instrucción de Cádiz que ha terminado por sentencia de condena al portavoz de una entidad por un delito de coacciones cometido contra la directora del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda en el transcurso de unas movilizaciones emprendidas por la plataforma ante la “nefasta” gestión sanitaria durante los meses de verano.
Sin entrar ni salir en ese problema concreto, cuya opinión nos reservamos, nos sirve para poner de manifiesto las consecuencias que resultan cuando se produce una conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comisión de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo, siendo un delito de simple actividad, de expresión o peligro.
Para ilustrar lo expuesto se acompaña copia de la sentencia dictada recientemente por un juzgado de instrucción de la provincia de Cádiz, con la que se pone de manifiesto lo que aquí nos interesa, y es que los médicos que de alguna forma se encuentren amenazados o coaccionados por cualquiera, han de presentar la correspondiente denuncia (los hechos no son perseguibles de oficio), presentando las pruebas de que puedan valerse para convencer al juez de que el delito realmente se ha producido. En este sentido, es muy de valorar la existencia de testigos que declaren en el juzgado lo que han visto u oído.
No conocemos casos de que quien haya sido condenado de esta forma, aunque sea a una pena leve, vuelva a por otra, de manera que resulta importante que en el caso de que se produzcan hechos de este tipo, se realice la correspondiente denuncia, poniendo después los hechos en conocimiento de los miembros de la asesoría jurídica del Colegio, para que por el abogado correspondiente se pueda proporcionar al colegiado la oportuna protección.
